Justicia argentina condena a cadena perpetua a cinco altos jefes militares de la dictadura
JORGE MUÑOZ, FERNANDO MANUEL SAINT AMANT Y ANTONIO BOSSI, MILITARES ARGENTINOS RETIRADOS, ESCUCHAN EL FALLO DE UN TRIBUNAL ORAL FEDERAL EN SAN NICOLÁS, QUE LOS CONDENÓ A CADENA PERPETUA POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD
Credito: Xinhua
Buenos Aires, 27 de diciembre (Stella Calloni/Corresponsal). La presidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió a la justicia cumplir con su deber, ser más serena y proteger a los ciudadanos argentinos ante una serie de saqueos que afectaron a toda la población en días recientes, y sostuvo que lo que se vio fue una versión decadente, una mala copia, de lo que sucedió de otros momentos históricos del país.
La mandataria habló de planes de desestabilización, dijo que hay sectores que al no poder conciliar con los votos toman estas actitudes, y recordó que no fueron espontáneos los saqueos perpetrados durante el gobierno del ex presidente Raúl Alfonsín, ni los de 2001 en el gobierno de Fernando de la Rúa, a pesar de las graves situaciones existentes en ese momento, la rebelión popular y la grave represión que se produjo.
La mandataria habló así este jueves, un día en que la justicia fue protagonista, en decisiones dispares.
Hubo condenas contra responsables de delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar en tres provincias argentinas, San Nicolás (Buenos Aires) Entre Ríos y Corrientes, con condenas a cadena perpetua a cinco altos jefes militares y policías y otras penas de 15 y diez años a otros responsables de secuestros, torturas y desapariciones.
De otro lado, una cámara penal decidió la absolución para el ex presidente De la Rúa por la muerte de 39 personas en los trágicos días de 2001 que llevaron a su renuncia, fallo que será impugnado por familiares de los cinco asesinados por la policía en esta capital y más de 110 heridos.
De la Rúa impuso entonces el estado de sitio y el desalojo de la Plaza de Mayo llena de manifestantes ante la situación creada por el ministro de Economía de su gobierno, Domingo Cavallo, que hundió al país en la crisis más grave de la historia. El Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) representará a los familiares en la apelación, aunque los jueces han establecido que la orden del ex presidente de despejar el lugar no consideraba una represión de las características en que sucedió.
Además dictaminaron que el estado de sitio era una medida a considerar por los saqueos que ocurrieron en todo el país a partir del 20 de diciembre de ese año.
Por otra parte, la condena de la ex ministra de Economía Felisa Miceli, a cuatro años de prisión por tener unos 30 mil dólares en su oficina, destinados a la compra de un departamento, y a pesar de las irregularidades del caso, causó dispares reacciones aquí.
Miceli fue ministra de Economía del gobierno del presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y, mientras ella no estaba en su oficina, curiosamente entraron policías que encontraron una bolsa de dinero en el lugar. La entonces ministra era una mujer respetada y con una posición política que venía desde su militancia juvenil.
Se convirtió en la primera funcionaria de la era kirchnerista en recibir una sentencia en contra y dijo que continuará en su defensa hasta el final, al confirmar que sus abogados apelarán de la sentencia.
Los abogados destacaron las graves irregularidades en su causa, pues no se demostró que el dinero encontrado fuera del Estado, ni se tomó declaración a testigos claves que defendían la postura de la acusada. Miceli reconoce que ella escondió ese dinero en su oficina y que lo tenía destinado a la compra de una propiedad para vivir con su hija.
Por seguridad llevé ese dinero, que me habían prestado, a mi oficina. Lo dejé en una bolsa transparente y está justificado el origen del dinero, puesto que lo tenía que devolver. Por eso lo cuidaba tanto. Mi vida es transparente y no tengo nada que ocultar, sostuvo.
Este día recibió el apoyo de las Madres de Plaza de Mayo, en cuya fundación continúa trabajando, y también el dirigente popular Luis D’ Elía dijo hoy que Miceli es una persona buena y honesta, y que es llamativo que las coimas del escándalo IBM-Banco Nación por 30 millones de dólares no tuvieran ningún condenado. Cuestionó que el ex presidente De la Rúa, que nos dejó más de 30 muertos, fue sobreseído, en relación con la otra decisión de la justicia este día. Asimismo, consideró que la acción contra Miceli parece una trampa tendida ante la lealtad de la ex funcionaria hacia el fallecido presidente Kirchner.
La corte y la Ley de Medios
La Suprema Corte de Justicia rechazó el pedido de per saltum presentado por el gobierno en la causa por la Ley de Medios, al considerar que no se puede saltar a la Cámara Civil y Comercial Federal para tratar la constitucionalidad de los artículos 45 y 161 de la norma cuando el fallo en primera instancia es favorable al gobierno.
La Corte revocó la parte dispositiva en la cual la cámara, al prorrogar la medida cautelar el 6 de diciembre pasado, había fijado que el año del plazo de desinversión comenzaba a correr recién cuando cayera la cautelar.
Ahora se consideró que la decisión de la cámara se aparta de lo decidido por esta Corte el 22 de mayo, y que la lectura de esa resolución permite afirmar que el plazo para adecuarse a las disposiciones de la ley (estaba) vencido el 28 de diciembre de 2011, por lo que aquella (Ley de Medios) resulta plenamente aplicable con todos sus efectos a partir del cese de la medida cautelar.
La cámara, que ahora debe dar su veredicto, ha sido receptiva a los intereses de Clarín y siempre ha fallado en contra del Ejecutivo, afirmó el ministro de Justicia Julio Alak, quien responsabilizó a los magistrados de haber actuado en forma irregular en la designación de jueces subrogantes, convocando a jubilados y sin sorteo.
Para Alak se trata de un nuevo elemento dilatorio, que permite al Grupo Clarín ser el único, entre 20 que operan licencias aquí, en negarse a cumplir con la desinversión para desprenderse de unas 240 licencias. Los tiempos corren, pero esto indica la lucha abierta entre la justicia, por una parte, las exigencias de la población, por otra, y la necesidad del cumplimiento de una ley aprobada hace tres años por el Congreso y ratificada por la Suprema Corte, aunque afecte a viejos grupos de poder en el país.
