3 ENERO 2013
Imagen: Flickr / Island-Life. Archivo
El fallo de 75 páginas emitido por una juez federal establece que el Departamento de Justicia de EE.UU. no tiene la obligación legal de justificar las operaciones con drones, que en muchos casos se saldan con muertes de inocentes.
La juez federal de distrito Colleen McMahon falló que el gobierno de Obama no incurrió en violación alguna cuando se negó a entregar materiales relacionados con el asesinato con drones de tres ciudadanos estadounidenses en el extranjero a finales de 2011, a petición de la American Civil Liberties Union y el diario ‘The New York Times’, que evocaron la Ley por la Libertad de la Información (FOIA).
En su fallo la juez argumenta que, a pesar de que está de acuerdo en que el debate sobre el uso de drones debe ser abierto, ella no es competente para obligar al gobierno a entregar los documentos en virtud de la FOIA.
“Sin embargo, este Tribunal se ve limitado por la ley y, conforme a la ley, sólo puedo concluir que el Gobierno no ha violado la FOIA al negarse a entregar los documentos solicitados en el marco de la FOIA, por lo que no se puede forzar por medio este tribunal a que explique en detalle las razones por las que sus acciones no violan la Constitución y las leyes de Estados Unidos”.
En respuesta a la decisión de la juez, el director adjunto legal de la American Civil Liberties Union, Jameel Jaffer, emitió una declaración condenando el derecho recién adquirido por la Casa Blanca de eludir explicaciones justas y honestas de sus acciones.
“Este fallo niega el acceso público a la información crucial sobre las ejecuciones extrajudiciales por parte del gobierno de los ciudadanos de Estados Unidos y también con eficacia da luz verde a su práctica de hacer revelaciones selectivas y egoístas”, escribe Jameel. “El público tiene derecho a saber más acerca de las circunstancias en las que el gobierno cree que puede legalmente matar a gente, incluyendo a ciudadanos de EE.UU., que están lejos de cualquier campo de batalla y que nunca han sido acusados de un delito”.
La ACLU y ‘The New York Times’ se declaran dispuestos a apelar la decisión de la juez McMahon.
Anwar al-Awlaki y Samir Khan, ambos ciudadanos estadounidenses con supuestos vínculos con Al-Qaeda, murieron en septiembre de 2011 tras sufrir un ataques con drones. Unos días después, el hijo adolescente de al-Awlaki, Abdulrahman al-Awlaki, murió de la misma forma.
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