A esta altura, la discusión parece inevitable. Pese a las resistencias de países como los Estados Unidos a modificar el paradigma represivo que desde hace décadas se emplea contra las drogas, los gobernantes de las Américas debatirán el próximo fin de semana, en la reunión de Cartagena de Indias, nuevos caminos para enfrentar un flagelo que año a año se cobra miles de vidas en la región.
El tema se instaló en la agenda gracias al persistente esfuerzo del gobierno guatemalteco. Lo que en un principio fue interpretado como un golpe de efecto del presidente Otto Pérez Molina para conseguir más apoyo financiero de Washington fue imponiéndose lentamente y ganando seriedad. Varios mandatarios se mostraron a favor de analizar la cuestión, aunque expresaron matices.
Entre quienes consideran que la actual estrategia es un fracaso, existe cierto consenso en que se debe avanzar en una flexibilización del consumo de drogas. Pero las diferencias entre los planes sobre cómo hacerlo son notorias.
"El planteamiento del mandatario guatemalteco
dista mucho del serio y exhaustivo trabajo del grupo de expertos reunidos en la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, encabezada por tres de los ex presidentes más prestigiosos de América Latina:
Fernando Henrique Cardoso, de
Brasil,
Ernesto Zedillo, de
México, y
César Gaviria, de
Colombia", consideró el diario costarricense
La Nación en un
editorial de febrero. "La Comisión
recomienda despenalizar el consumo, pero no el tráfico ilegal de drogas", como contempla el plan de Pérez Molina, apuntó.
Los críticos de
legalizar el consumo señalan que esto no haría más que facilitar la tarea al crimen organizado. Sería como trabajar para su negocio. "Si nos fijamos en drogas legales como el tabaco y el alcohol, no sólo matan cada año entre 10 y 15 veces más que las drogas ilícitas, sino que también el delito relacionado con el tráfico de tabaco y de alcohol no ha desaparecido y, de hecho, es una gran parte de la actividad criminal", observó
Hamid Ghodse, presidente de la Junta Internacional de Estupefacientes (JIFE) de la ONU. "Sería muy difícil, los países no están, por ahora, organizados como para controlar la droga en forma legal ni para recaudar los impuestos. Tratar de conseguir impuestos de esos cárteles, que matan gente,
si es difícil ahora, imagínese lo que será después", indicó por su parte el experto
Richard D. Downie en una
entrevista reciente con
Infobae América.
Los promotores de la reforma creen, en cambio, que al despenalizar el consumo se podrán concentrar los esfuerzos en materia de seguridad en perseguir a quienes lucran con las drogas. Además, una recaudación impositiva sobre ese mercado llevará dinero al Estado para que sea destinado a programas de concientización, rehabilitación y a equipar mejor las fuerzas públicas, que en muchos países de Centroamérica carecen de recusos.
Al momento en que fue publicada la opinión de
La Nación, los detalles del programa planteado por el flamante presidente centroamericano no se habían dado a conocer. De hecho, hasta hoy su idea es bastante difusa, aunque su cuerpo diplomático ya fue instruido para
defenderla en cada embajada.
Pérez Molina sólo ha dicho que el plan consiste en legalizar total o parcialmente tanto la producción como el consumo y el tráfico de drogas. No precisó cómo se implementaría esta propuesta: qué sustancias tendría en cuenta el proyecto, ni dónde y cómo podrían conseguirse.
Propuso, además, que los países consumidores, en particular los Estados Unidos, paguen un porcentaje sobre los decomisos al narcotráfico y también crear una Corte Penal regional para juzgar los delitos vinculados a ese flagelo.
Los pocos detalles de la iniciativa evidencian grandes distancias con el trabajo de la Comisión que, vale aclarar, lleva ya varios años de trabajo. Sus integrantes sostienen que si se despenalizara el consumo, los adictos dejarían de ser compradores en el mercado clandestino para convertirse en pacientes del sistema público de salud. De ese modo, y en paralelo con campañas educativas, se podría bajar el costo de la droga y afectar las finanzas de los cárteles. Pero, mientras tanto, ellos abogan por mantener los esfuerzos contra la producción y el tráfico de las drogas.
"La diferencia entre la adicción y el narcotráfico es la misma que existe entre un tema de salud pública y otro de política criminal. El planteamiento guatemalteco conduce a borrar esa distinción y allí reside el peligro", observó La Nación.
No obstante, a ambos planes les falta la prueba decisiva, que es su concreción, para saber si funcionan o no. Sobre la legalización de la producción y el tráfico no quedaría más remedio que hacer un
acuerdo mundial, cuestión que no parece viable. Y en el caso del consumo, existen algunos ejemplos, como lo que ocurre en
Holanda, en donde los resultados no son decisorios. La despenalización, aunque disminuyó la violencia ligada al mundo de las drogas, incrementó el número de adictos. Incluso ese país, famoso por los
coffee shops en donde se pueden consumir de forma regulada algunas sustancias "blandas", ha tomado en el último tiempo
medidas más restrictivas. Entre ellas, figura la prohibición de la asistencia de extranjeros a esos lugares, cuya razón es evitar el
turismo del rubro, algo que podría convertirse en un enorme problema para cualquier país que tome una decisión así.
Legalización, un concepto difuso
Apenas una semana antes de la Cumbre, Pérez Molina insistió en el tema a través de
una columna en el diario británico
The Guardian. "Debemos encontrar nuevas soluciones a la pesadilla latinoamericana de las drogas", la tituló.
"Lo que pedimos, primero, es que se le quite el tinte ideológico que se le ha querido poner a este tema (prohibición o liberalización), que se mire con la frialdad y el análisis necesario", indicó allí el mandatario. "Entendemos que el consumo de drogas es un problema de salud pública, pero es tratado como un problema criminal", añadió.
A medida que su iniciativa de despenalización fue sumando críticas, el gobernante ha ido moderando su discurso. "El consumo, la producción y el tráfico se verán sujetos a regulaciones mundiales, lo que quiere decir que el consumo y la producción deben ser legalizados, pero con ciertos límites y condiciones", señaló en el artículo. "Legalización no quiere decir liberalización sin control".
Con esa última frase, coincidió con lo señalado por los tres ex presidentes latinoamericanos de la Comisión. "
Regular no es lo mismo que legalizar. Ese punto es fundamental. Regular es crear las condiciones para la imposición de todo tipo de restricciones y límites a la comercialización, propaganda y consumo del producto, sin ilegalizarlo", indicaron en una
columna divulgada el pasado fin de semana por O Globo.
Lo que parecen compartir todos es que no será la de Cartagena la ocasión para tomar medidas drásticas. "Estoy convencido de que en esos dos días no se va a agotar el tema ni se van a tomar decisiones, pero sí se pueden lograr reuniones, fechas o equipos para avanzar en la ruta contra el narcotráfico", dijo Pérez Molina, quien en principio sí se había mostrado esperanzado de que eso ocurriera.
Los ex mandatarios tampoco fueron optimistas respecto a las posibilidades de un
acuerdo sobre el tema a corto plazo. "De este encuentro de jefes de Estado, no se deben esperar soluciones mágicas o acuerdos inmediatos sobre qué hacer. En este momento lo que importa es un debate serio y riguroso que permita a cada país encontrar las soluciones más adecuadas a su realidad", señalaron. "
En los últimos cuatro meses, la discusión avanzó más que en 40 años. Lo que parecía impensable está siendo discutido a la luz del día", agregaron.
Ante el floreciente debate,
las opiniones contrarias no se hicieron esperar. Los rechazos
objetan la viabilidad de la medida y la escasa posibilidad de tener buenos resultados. En esas filas se cuentan pesos pesados como los Estados Unidos y la ONU.
De todos modos, en una región cansada por el azote de la violencia a la que se libran los cárteles de la droga, no puede menos que ser positivo que los gobernantes inicien la reflexión y el debate en torno a soluciones más imaginativas y, sobre todo, más comprometidas con el bienestar de los ciudadanos.
