Ismael García, otrora bolivariano, hoy ferviente opositor, defiende el poder popular de la IV República, que selló su fracaso con políticas abusivas, que nunca tomaron en cuenta al pueblo, como fue el caso del “paquetazo” por el que protestó el pueblo en “El Caracazo” de 1989.
"Aquí el poder popular ha existido toda la vida organizado. En la época de los adecos hubo las juntas pro mejoras; después las juntas comunales, asociaciones de vecinos; porque el poder popular es cualquier sociedad que se organice, eso no es un invento de ahora", desmeritando el alcance de la participación popular que ha impulsado y acompañando la revolución bolivariana.
García criticó la transferencia directa de recursos y la participación en la toma de decisiones, porque "elimina la democracia". Además comentó: "Eso suena muy bonito cuando dicen que es traspasarle dinero a la gente", pero desconfía: "es la sustitución del estado federal descentralizado, de justicia y pluralidad por un régimen asambleario, donde se eligen gobiernos de la comuna en elecciones de cuarto grado", se quejó.
Pero lo que sí es un hecho es que el Estado comunal, está sustentado en preceptos constitucionales; pues la Constitución de 1999, establece un estado democrático, social, de justicia y de derecho, cuya soberanía reside intransferiblemente en el pueblo.
Con la transferencia del poder al pueblo, muchos burócratas, cazadores de espacios de poder, como García, perderán sus nichos, pues se plantea la desaparición del Estado burocrático, inicialmente a través de la simplificación masiva de procesos y trámites.
Las figuras de gobernadores y alcaldes continuarán funcionando, pero compartiendo el poder con el pueblo, que debe hacer constante auditoría de la administración estatal.
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