Una de las presuntas involucradas en este fraude es Rosemary Novoa de Noronha, jefa de la Oficina de la Presidencia en Sao Paulo, quien se inició en este cargo en 2003.
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, despidió este sábado a 18 servidores públicos acusados de participar en una supuesta red de corrupción, en la cual están involucrados directores y funcionarios de alto rango.
"El Gobierno declara que todos los servidores imputados en la Operación Puerto Seguro de la Policía Federal serán trasladados o destituidos de sus funciones. Todos los organismos citados en el proceso de investigación debe abrir una investigación", revela un comunicado de la Secretaría de prensa de la Presidencia
Una de las presuntas involucradas en este fraude es Rosemary Novoa de Noronha, jefa de la Oficina de la Presidencia en Sao Paulo, quien se inició en este cargo en 2003.
Tal decisión se registra 24 horas después del arresto de los empleados y servidores públicos por parte de la Policía Federal.
Entre los 18 encarcelados figuran los directores las agencias nacionales del Agua (ANA) y de la Aviación Civil (ANAC), Paulo Rodrigues Vieira y Rubens Carlos Vieira, respectivamente, así como Joseph Weber Holanda, segundo al mando de la Procuraduría General (AGU).
Según primeras revelaciones de la Policía, la red se extiende por el ministerio de Educación y siete órganos públicos, entre estos la ANA, ANAC, Agencia Nacional de Transportes Acuáticos, la Secretaría del Patrimonio de la Unión y el Tribunal de Cuentas de la Unión, cuyos funcionarios elaboraban informes técnicos fraudulentos para favorecer a determinadas empresas privadas en contratos públicos.
La investigación refleja que tres abogados y un empresario fueron los responsables de localizar y contactar a los grupos empresariales o personas interesadas en este presunto fraude y estafa.
En la operación policial, iniciada en marzo, participaron 180 agentes en las ciudades paulistas de Cruzeiro, Dracena, Santos, Sao Paulo y en esta capital y en total se emitieron 26 órdenes de allanamiento e incautación en Sao Paulo y 17 en Brasilia.
(Prensa Latina)
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