La vocería del Ministerio para Servicios Penitenciarios anunció que será solicitado el inicio de un procedimiento penal, civil y administrativo contra María Afiuni "por difamación e injuria".
El Ministerio para Servicio Penitenciario, en rueda de prensa realizada este viernes desde la sede del Internado Nacional de Orientación Femenina (INOF), rechazó las graves denuncias publicadas recientemente en un libro por la Jueza María Lourdes Afiuni, convicta por permitir la fuga del banquero Eligio Cedeño, entre otras imputaciones.
La directora de la región centro-occidental del Ministerio y del INOF durante los años 2009 y 2011, Isabel González, señaló que “en ese libro ella (Afiuni) cuenta que durante su permanencia en el INOF fue víctima de maltratos y una supuesta violación. Todas esas acusaciones son falsas, se trata de señalamientos graves que vulneran la dignidad humana y que han provocado una grave conmoción y preocupación entre las privadas de libertad y sus familiares”.
Además, González comunicó que la jueza Afiuni, estuvo custodiada permanentemente por personal femenino y se encontraba en un área de máxima seguridad llamada Admisión, zona en la que está prohibido el ingreso de hombres.
“Somos los primeros interesados en que se aclare esta situación e informamos que solicitaremos el inicio de un procedimiento penal, civil y administrativo por difamación e injuria”, enfatizó Isabel González y añadió que “ella incluso gozaba de privilegios, precisamente porque debíamos garantizar su integridad física ya que ella misma había solicitado máxima protección ante el Ministerio Público pues temía por su vida”.
En la misma rueda de prensa, Laila Tajeldine, directora de la Región Capital, aseveró que “Afiuni recibió tratamiento y permanentemente fue evaluada por médicos y durante todo ese tiempo en ningún momento denunció que fue abusada sexualmente”. Desmintió que Afiuni hubiese hecho alguna denuncia ante organismos internacionales.
La Jueza María Lourdes Afiuni, fue detenida el 10 de diciembre de 2009 por haber otorgado libertad condicional al banquero prófugo Eligio Cedeño, y pocos días después fue acusada por cargos de corrupción, cómplice de fuga, abuso de poder y conspiración criminal.
En días recientes, la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), de la cual formará parte Venezuela a partir del 1° de enero de 2013, acusó al Estado venezolano de “violar el derecho fundamental de Cedeño a ser juzgado en libertad y conforme con el debido proceso”.
En consecuencia, la Comisión de Derechos Humanos solicitó al país “reparar a la victima mediante la conducción de un juicio con garantías procesales, sin que el imputado esté privado de libertad mientras dure el proceso, proporcionando una indemnización respectiva y evitando repetir tales violaciones en el futuro”.
Las declaraciones de Cedeño no se hicieron esperar y afirmó que “el Estado, como mínimo, debe liberar a la jueza Afiuni”.
Según Laila Tajeldine, la sucesión de estos hechos en días continuos es una campaña de descrédito que “forma parte de una matriz de opinión internacional contra Venezuela, en la que participan activamente ONGs vinculadas al tema penitenciario, para acusar al Gobierno venezolano de propiciar y permitir la violación de derechos humanos, lo cual no hace más que servir a los intereses del Gobierno de Estados Unidos".
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