Norma Giarraca: "Su recuperación es una reivindicación histórica del país digno, trabajador, agricultor, campesino, de pueblos indígenas, estudiantes, etc.”.
Los sectores oligárquicos argentinos relacionados a la agricultura y la ganadería extensiva han convocado un paro que amenaza con desabastecer de carne las principales ciudades de este país. Esta reacción se produce después que se conoció que el Gobierno progresista de Cristina Fernández derogó la ilegítima e ilegal venta que se hizo a principios de los 90 de un complejo ferial y de exposiciones en el corazón de Buenos Aires.
Entre las acciones de rechazo a esta decisión del Gobierno nacional, las corporaciones del agro han invitado a acompañar este paro cantando el himno nacional este jueves a partir de 7 de la noche en la sede de “La Rural de Palermo”, tal como se le conoce. El próximamente removido presidente de este establecimiento, Luis Miguel Etchevehere, manifestó que “ya hay propuestas para extender la medida a otros rubros, que estamos analizando”. Agregó que por el momento el paro será hasta las 0:00 horas de este jueves.
El Estado argentino tomó la decisión de recuperar el Predio Ferial de Palermo, conocido como la Rural por medio del decreto 2552, dadas las irregularidades que rodearon en 1991 la venta de estas 12 hectáreas de terreno. El Gobierno neoliberal de Carlos Menem y el entonces ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, vendieron el terreno a la élite denominada Sociedad Rural Argentina (SRA).
Según los fundamentos del decreto, leídos por el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, dicho inmueble “fue sustraído del patrimonio del Estado nacional mediante la maniobra de asignarle un menor valor”, ya que, según determinó el Tribunal de Tasación de la Nación, para ese entonces el valor de este complejo ascendía a 60 millones de dólares y no 30 millones como terminó vendiéndose definitivamente, con pagadero en diez cuotas anuales de dos millones de dólares cada una.
Además de recuperar este importante espacio, el Estado tendrá la potestad de reclamarle a la SRA una deuda de 157 millones de pesos que sigue vigente, pues no cumplió con los pagos correspondientes. Adicionalmente, el uso de ese espacio no comprendía actividades con fines de lucro, lo que sistemáticamente la SRA infringió, ya que se hacían recurrentemente eventos VIP donde las ganancias enriquecieron aún más a los usufructuarios de esta institución.
Al respecto, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, declaró, en relación al paro, que “la verdad es que quienes convocan a este lockout están mezclando sus intereses políticos en contra de la firme decisión del Estado de aplicar una revisión a una transacción que ha sido absolutamente perjudicial para el patrimonio de la patria”.
Por su parte, el Jefe de Gabinete, Abal Medina, enfatizó, al referirse a la recuperación de “La Rural” que “éste no es un hecho aislado, sino que se inscribe claramente en la política de recuperación del Estado, de sus capacidades, de sus propiedades y sus condiciones (...). Ésta es la recuperación de un Estado que había sido prácticamente destruido a partir del año 76 (inicio de la última dictadura en este país), con las consignas del neoliberalismo, con la destrucción del Estado”.
Éste es otro capítulo más de los intentos de los sectores más poderosos de Argentina de desestabilizar un Gobierno que ha intentado restablecer ciertos derechos básicos y distribuir más equitativamente la riqueza de esta nación. Esto ha generado gran resistencia en la oligarquía, que históricamente ha mantenido relaciones armónicas con los Gobiernos represores, militares, neoliberales y dictatoriales, pero conflictivas con los Gobiernos democráticos, nacionales y populares.
La investigadora de la Universidad de Buenos Aires, Norma Giarraca, en relación a los reclamos por la amenaza de la “seguridad jurídica” ha recalcado que “seguridad jurídica no es sólo para las grandes empresas o para los que detentan el poder, también lo es para la ciudadanía en general de no ver consolidado en el tiempo una situación jurídica irregular, con un grave perjuicio colectivo al patrimonio público y al interés general. Su recuperación es una reivindicación histórica del país digno, trabajador, agricultor, campesino, de pueblos indígenas, estudiantes, etc.”.
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