Es una aberración que autoritarios de la fe puedan conseguir que imposiciones como éstas estén concebidas desde la legalidad estatal como una “la ley para todos”.
Para algunos hay un dios, para otros hay muchos dioses; hay quienes creen que no existe o ya se murió, otros no saben qué creer aún. En Estados Unidos quieren que vuelva formal y concretamente la Inquisición. Un grupito cree que hay un dios. Este dios tiene ciertas características y es manejado por estructuras de poder bastante influyentes.
Bajo las premisas del oscurantismo antidemocrático parecen estar concebidas ciertas normativas y leyes estadounidenses. Resulta que en 2006 se aprobó en el estado de Kentucky una ley que condena a un año de cárcel a las personas que se atrevan a manifestar que creen en la no existencia de un “Dios Todopoderoso”, entidad celestial a la que se aferran fanáticos religiosos que lograron que se aprobara esta ridícula, ofensiva y peligrosa normativa.
Una organización llamada “Ateos estadounidenses” desenterró la cordura legal y consiguió que se anulara dicha ley que establece una vergonzosa unión entre el Estado y la Iglesia, cosa rara en una sociedad supuestamente liberal y enceguecida con las mieles de la modernidad.
Sin embargo, la anulación fue apelada y la ley fue puesta en vigencia de nuevo. En este estado, todo aquel que se atreva a contravenir la impuesta sentencia de que “la seguridad de la mancomunidad” de Kentucky es imposible sin el “Dios todopoderoso” tendrá que asumir que será encarcelado por el lapso de un año.
Uno de los impulsores de esta ley dictatorial, Tom Riner, político baptista demócrata, manifiesta que no le preocupa “la división entre el Estado y la Iglesia”, sino “los intentos de separar a EE.UU. de su tradición de percibirse a sí misma como una nación bajo la protección de Dios”.
Es una aberración que autoritarios de la fe logren que imposiciones como éstas estén concebidas desde la legalidad estatal como una “la ley para todos”. Hasta el más religioso, creyente, agnóstico o ateo debería manifestarse en contra.
Todo ello si se promueve como valor fundamental que la libertad de pensamiento y el respeto a las manifestaciones culturales y filosóficas de los seres humanos deben estar garantizadas en un Estado de Derecho laico y desapegado a las exigencias de las redes de poder e intereses basados y ocultos bajo el manto de las religiones.
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