Los movimientos sociales piden redistribución de riqueza de los trabajadores
La vocera de la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina , Olga Lucía Quintero, rechazó la Ley de víctimas promovida por el Gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos
La paz con justicia social se ha convertido en el consenso dominante en el Foro Política de Desarrollo Agrario Integral que se realiza en Bogotá, capital colombiana, y que culminará este miércoles. Los ponentes buscan en este encuentro el rescate y la democratización de la tierra.
Una de las ponencias que ha tenido mayor impacto ha sido la de Olga Lucía Quintero, vocera de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), titulada La paz de los campesinos es la paz con justicia social.
En su exposición, Quintero rechazó la Ley de víctimas promovida por el Gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos.
“Lejos de restituirnos la tierra, con esta ley a lo sumo nos otorgarán títulos de propiedad, para entregársela asegurada a los grandes empresarios nacionales y extranjeros, de quienes se nos dice, como un mal chiste, que nos convertirán en empresarios”, subrayó el texto.
Quintero puntualizó que la normativa “es un mote (apodo) con el que ocultan una renovada forma de explotación de nuestra fuerza de trabajo”.
La vocera de Ascamcat enfatizó que los movimientos sociales “no sólo reclamamos la redistribución de la tierra, sino la redistribución de toda la riqueza que los trabajadores colombianos construimos día a día”.
Para lograr este objetivo, la líder campesina llamó a la sociedad en pleno, “a los excluidos, a los olvidados, a los maestros, a las amas de casa, a los estudiantes, a los comerciantes, a todos los que contribuyen a la riqueza del país con su trabajo, a la movilización social en busca de la paz, a apropiarse de los destinos del país”.
Por su parte, David Florez, uno de los voceros del Movimiento Marcha Patriótica y participante en el foro, señaló que uno de los aspectos más reiterados fue el de la concentración de la tierra que, de acuerdo con el índice Gini (medidor de la distribución desigual) asciende a un 0,8 por ciento.
Otro aspecto que ha sido destacado en las conversaciones es el de una contrareforma agraria que ha despojado a los campesinos de entre ocho y 10 millones de hectáreas de tierra, así como la precariedad de la infraestructura existente y la extrema pobreza que padecen 13 millones de campesinos, privados de sus derechos humanos elementales.
Florez señaló que otra de las constantes fue la restitución de su condición de ciudadanos a los campesinos, negada a través de los años, y la construcción de figuras jurídicas que los “respalden y preserven las interrelaciones territoriales con fórmulas que solucionen, sin conflictos, los derechos de comunidades étnicas como las indígenas y afrocolombianas”.
También la necesidad de construir un modelo de desarrollo agrario, a partir necesariamente de un modelo más equitativo de desarrollo social del país, que “borre las inequidades, y garantice el derecho a la educación, al agua potable, y a la salud, entre otros fundamentales”, resaltó.
En este foro, organizado por las Naciones Unidas (ONU) y la Universidad Nacional de Colombia, a solicitud de la mesa de negociaciones entre el Gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, establecida en La Habana, Cuba, participan organizaciones sociales, movimientos civiles y políticos, femeninos y estudiantiles.
Asimismo, han hecho escuchar sus voces las víctimas y desplazados, defensores de derechos humanos, gremios empresariales, la Iglesia, ONG, sindicatos, programas de desarrollo y paz, de iniciativas nacionales y regionales, entre otros muchos.
El tema agrario corresponde al primer punto de la agenda abordada en las conversaciones de paz que adelantan representantes del Ejecutivo colombiano y las FARC, por considerarlo la causa del conflicto armado que se ha extendido por casi medio siglo en la nación suramericana.
La convocatoria sesionará hasta este 19 de diciembre y para el 8 de enero serán entregadas a la mesa de diálogos en La Habana los avances y disensos recogidos.
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