El abogado de Peña, exhorta a Henrique Otero "a cumplir con sus obligaciones mercantiles" y a que "le haga honor a la amistad entrañable que por años existió entre ellos.
Alfredo Peña, ex alcalde de Caracas y antiguo responsable de la Policía Metropolitana, el mismo que disparó indiscriminadamente contra el pueblo venezolano durante el Golpe de Estado de abril del 2002, demanda al director del diario El Nacional, el también golpista Miguel Henrique Otero, a través de su abogado y apoderado en Caracas, Antonio Sierralta Quintero, pues Peña permanece en Miami, prófugo de la justicia venezolana.
Según Sierralta, la deuda comprende un préstamo personal de 3.513.072,69 dólares, que el ex alcande le hizo a Otero en enero de 2003, más los intereses de dicho monto calculados desde entonces, que ascienden a 4.637.160 dólares y 800.000 dólares por concepto de honorarios profesionales a favor de la firma de abogados Omar Estacio P.A., con sede en Miami. En total, la millonaria deuda ronda los 9.000.000 de dólares (más de 38.000.000 de bolívares).
Estos datos fueron difundidos durante la emisión de este viernes del programa de Venezolana de Televisión La Hojilla por su moderador Mario Silva, quien presentó los documentos notariados.
Los documentos presentados por Mario Silva citan textualmente: “Yo, Antonio Sierralta Quintero, venezolano, mayor de edad, (…) pido a esta Notaría del municipio Libertador, se traslade y constituya a la sede del diario El Nacional, (…) le exijo al susodicho Miguel Henrique Otero Castillo que le pague por mi intermedio al aludido, patrocinado, Alfredo Peña, la suma de 9 millones 950 mil dólares”.
El abogado de Peña anima además a Henrique Otero "a cumplir con sus obligaciones mercantiles" y a que "le haga honor a la amistad entrañable que por años existió entre ellos [Peña y Otero Castillo], en particular, ahora que mi patrocinado [Peña] está exiliado y padece de serios quebrantos de salud".
El moderador del programa La Hojilla exhorta a Otero a que desmienta el documento enviado por el abogado Sierralta, que está autenticado por los entes competentes.
Sierralta reclama también el pago de sus honorarios y consiguientes intereses que ha generado el inconveniente.
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